Académicas de la Escuela participan en comisión de Ley de Salud Mental

Las profesionales habían participado previamente de la elaboración del Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría.

Entregar su punto de vista como académicas e investigadoras del área comunitaria y clínica fue uno de los principales objetivos de la participación de la Dra. Marcela González y la Dra. María Isabel Reyes en la comisión que está discutiendo la nueva ley de salud mental.

Sobre la ley de salud mental, esta cuenta con alrededor de 22 artículos y en enero de 2017 fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Hoy se encuentra finalizando el proceso de discusión en la Comisión de Salud del Senado y, de ser aprobada, Chile dejaría de pertenecer al 22% de países a nivel mundial que no cuentan con esta legislación.

Uno de los problemas pendientes es la pobre asignación de presupuesto en éste ámbito, ya que sólo un 2,1% del presupuesto total de salud se destina a salud mental, cifra que está por debajo del 6% que alcanzan en promedio los países que integran la OCDE. Vale la pena destacar que la promulgación de la ley asegura derechos, pero no compromete recursos económicos.

Para la Dra. Marcela González, la legislación es necesaria porque viene a declarar derechos y a establecer parámetros que enmarcan o garantizan el desarrollo del Plan Nacional de Salud Mental propuesto por el gobierno para el periodo 2017-2025, instancia donde la Escuela de Psicología PUCV también participó representada por ambas académicas. Sobre éste comentó: «Es un documento sólido que incluyó muchas personas en su creación, tanto del mundo público-gubernamental, como del campo académico, y las ONG. El desafío sigue siendo cómo implementarlo con el pequeño presupuesto que está asignado»

En la oportunidad, las profesionales presentaron un documento donde reflexionan sobre los desafíos de un planteamiento de salud mental comunitaria –presente fuertemente en el Plan Nacional de Salud Mental 2017/2025-, que implica una transformación de las lógicas de la salud mental que en muchos aspectos se contradice con el modelo de desarrollo socioeconómico implementado en Chile.

Al respecto, Marcela señala: «el planteamiento nacional de una salud mental comunitaria, que considera los aportes de la colectividad como recursos efectivos y fundamentales para el bienestar personal y colectivo, se inserta en una lógica de un modelo fuertemente individualista y medicalizado; por lo tanto está el enfrentamiento de dos modelos que desde el punto de vista de una mirada macro, son bastante disonantes. El individualismo que instala el neoliberalismo post dictadura tomó mucha fuerza y eso se refleja en la privatización del malestar, porque es visto como un problema personal a resolver solo, y nadie quiere que su vecino sepa lo que le pasa, pues lo ven como una dificultad que los fragiliza. Para quienes trabajan en instancias grupales este es uno de los principales desafíos a la hora de realizar intervenciones colectivas»

En relación a los principales lineamientos que propone el proyecto, se cuentan entre ellos la promoción de atención en salud mental interdisciplinaria y la promoción y prevención de enfermedades. «Esto abre el foco hacia una desmedicalización y a dejar la idea individualista asociada al eje medico y farmacológico. Además, hace hincapié en que las personas que tienen una discapacidad psíquica gozan de todos los derechos de cualquier persona y, en ese sentido, deben tener derecho a la vida privada y a no ser sometidos a tratamientos irreversibles sin su consentimiento».

En esta misma línea, se apunta a considerar la hospitalización como un recurso excepcional y transitorio. La nueva ley establece que es responsabilidad de las instituciones agotar todas las instancias que correspondan con la finalidad de resguardar los derechos e integridad física y psíquica de los pacientes, no pudiendo permanecer indefinidamente hospitalizados por no contar con los medios económicos para subsistir fuera, por ejemplo. Esto desnuda una verdad difícil que se vive actualmente, donde los pacientes psiquiátricos muchas veces pasan internados por años, aun estando psíquicamente compensados, pero no tienen dónde ir y nadie que se haga cargo.

Otra cuestión importante respecto al reguardo de los derechos de las personas, es la imposibilidad explicita de hacer un diagnóstico de salud mental basándose en criterios que no sean exclusivamente mentales. Vale decir, garantiza a las personas no ser discriminadas ni por su grupo político, socioeconómico, cultural, racial o religioso, ni menos por su identidad u orientación sexual.

Para concluir, la Dra. Marcela González valoró la consideración del asentimiento en caso de niños que se vean sometidos a tratamientos psiquiátricos «Esto significa informarles el estado de su enfermedad o proceso que atraviesan de una forma adecuada a su edad y nivel de desarrollo. Hasta hoy los niños podían ser invisibilizados y simplemente sustituidos por sus padres o tutores en la toma de decisiones o el entendimiento de su situación de salud, quedando en un lugar de objeto de la ciencia médica y no de sujeto profundamente concernido por lo que sucede, desconociendo así el impacto no sólo presente, sino también futuro, que estas situaciones pueden generar a nivel emocional individual y familiar.»